Desde ahora, los SPEE diseñarán un “itinerario individualizado” para cada parado y vigilarán que éste lo cumpla. Aquéllos que se salgan del camino marcado por el Ministerio de Trabajo (a través de las consejerías de Empleo de las CCAA, que son las que aplicarán la medida) perderán su subsidio y dejarán de ser considerados como parados.

Desde el Gobierno se defiende que no se endurecen las sanciones. Pero lo que no dicen es que se suben extraordinariamente las obligaciones para los parados. Es decir, la sanción es la misma, pero las razones por las que se pueden aplicar son mucho más variadas y difíciles de cumplir que antes (según adelanta en su edición de este viernes El Economista, y confirma el comunicado presentado por Valeriano Gómez, aunque quede por conocer el texto completo de la reforma que publicará el BOE).

Hasta ahora, eran poco habituales los casos de parados que perdían su prestación por incumplimientos con los SPEE;  a partir de este decreto, será mucho más común que esto ocurra. Por lo tanto, en la práctica, la prestación por desempleo deja de ser un derecho, que se adquiere pagando una cotización obligatoria cada mes y se cobra cuando se pierde el empleo, para convertirse casi en una paga de Trabajo que está sujeta a numerosas obligaciones de las que depende su abono.

Ya hay vigentes las siguientes sanciones por no seguir las indicaciones de los SPEE, pero lo que cambia es el significado de las expresiones “políticas activas de empleo” o “programas de empleo” (ver cuadro con las disposiciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social):

Las politicas activas de empleo:los cursillos

La clave de la nueva normativa está en los “itinerarios personalizados”. A partir de ahora, los SPEE se implican mucho más activamente en las denominadas como “políticas activas de empleo”. Según la información ofrecida por el Ministerio, a cada desempleado se le hará “un diagnóstico individualizado de sus capacidades y necesidades y se les ofrecerá orientación e información sobre empleo y ofertas de trabajo”, entre otras cosas, para poder mejorar su situación laboral.

Esto se traducirá en el ofrecimiento de cursillos, búsqueda de trabajo, envío a procesos selectivos y ofertas de empleo. El parado se tendrá que comprometer (con un acuerdo personal) a cumplir con lo que le ordene Trabajo y si se salta alguno de estos pasos, ya sea porque se niegue o por un error, perderá su derecho a la prestación. Es decir, que los SPEE se erigen en juez y parte para decidir quién tiene derecho a prestación.

Los argumentos

Las medidas aprobadas por Trabajo tienen buena prensa. En principio, parece lógico que un parado pierda el derecho a la prestación por rechazar un empleo y también suena bien que se hagan “itinerarios individualizados” para favorecer la reincorporación al mercado laboral e, incluso, cambios en el sector de ocupación. Sin embargo, ambas cuestiones tienen su reverso.

En primer lugar, está muy poco claro que los mismos servicios públicos de empleo que en el primer semestre de 2010 sólo consiguieron recolocar a un 2,4% de los parados se vayan a convertir a partir de ahora en eficiente máquina de búsqueda de trabajos. El Gobierno habla de un “traje a medida” para cada parado, pero sus propias cifras hablan de un objetivo de 2.000.000 de desempleados para 3.000 orientadores: o lo que es lo mismo, 600 personas por funcionario.

Además, el documento del Gobierno prevé el establecimiento de la Estrategia Española de Empleo, que “analizará las tendencias del mercado laboral y marcará las orientaciones y los objetivos a alcanzar en materia de política de empleo”.

Esto es dirigismo puro y duro: el Ministerio de Trabajo cree que su burocracia va a ser capaz de anticipar en qué sectores va a hacer falta mano de obra o qué partes de la economía nacional van a crear empleo. Por eso, porque piensan que serán capaces de prever todo esto, también se sienten legitimados para obligar a los parados a aceptar las acciones de búsqueda de empleo (cursillos, entrevistas,…) que consideren necesarios. El problema es que nunca un Gobierno ha sido capaz de adelantarse al mercado, porque no tiene su información, ni su flexibilidad, ni sus incentivos… Así que sería una verdadera sorpresa que éste lo lograse.

O trabajas o no cobras

La segunda medida de las aprobadas por el Gobierno que suele gozar de buena prensa es el endurecimiento de los requisitos para cobrar el paro. Muchos trabajadores piensan que no es justo que alguien cobre casi lo mismo que ellos por no hacer nada y que los desempleados deberían dejar de recibir el subsidio si renuncian a un empleo.

Es evidente que la paga del paro es un nefasto incentivo para buscar un empleo. Cualquier economista sabe que dar dinero a una persona por no trabajar hace que tenga menos estímulos para dejar su situación de parado.

Sin embargo, no es menos cierto que los trabajadores no tienen la posibilidad de decidir si pagan o no la cotización que luego les da derecho al paro. Desde el Gobierno, los partidos políticos y los sindicatos se vende que los desempleados tienen un derecho por lo que han cotizado.

Era una compensación a la obligación de cotizar: es como si hubieran acumulado una bolsa que ahora emplean en un momento de dificultad. Hasta ahora, un parado sabía cuánto tiempo de prestación había acumulado; desde este momento, estará siempre a expensas de que los SPEE decidan ofrecerle un trabajo que, quizá, no le interesa nada (ya sea por cualificación o por encontrarse en una ciudad diferente a la suya) o enviarle a un cursillo que no quiere realizar.

Los cursillos

En este sentido, la otra cuestión que aparece asociada a esta reforma es la calidad de esas “políticas activas de empleo” que tanto se venden desde instancias oficiales. Cualquiera que haya estado en paro y haya acudido a los SPEE sabrá que muchos de los cursos a los que se envía a los parados no tienen nada que ver con su formación, cualificación o intereses. De hecho, ese 2,4% de parados que logran recolocarse a través del Inem es una buena prueba. Ahora, será obligatorio realizar estos cursos, por muy inútiles o inadecuados que sean.

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La reforma, que estaba incluida en el acuerdo económico y social firmado entre patronal, sindicatos y Gobierno el pasado 2 de febrero y que complementa el plan de choque aprobado la pasada semana, persigue mejorar la empleabilidad, dar mejor respuesta a las necesidades de personal de las empresas y fortalecer los servicios públicos de empleo (el antiguo Inem).

La medida más llamativa es la implantación y desarrollo de un modelo de atención personalizada a las personas en paro a través de itinerarios personalizados e individuales de empleo, al que se accederá con la firma de un acuerdo personal de empleo (APE). En palabras de la secretaria de Estado de Empleo, se trata de hacer “un traje a medida” para los parados, informa Europa Press.

600 parados por orientador

Según indicó en un encuentro con la prensa, casi dos millones de parados se beneficiarán de esta atención personalizada al año. Los 1.500 orientadores empleados en estas tareas en 2010 ya realizaron itinerarios con 900.000 parados. En 2011 serán 3.000 los orientadores que realizarán estas labores, que además se verán perfeccionadas, con lo que los resultados previsiblemente se doblarán (son unos 600 parados por orientador).

El acuerdo personal de empleo implicará el compromiso de la persona beneficiaria del itinerario a participar activamente en acciones para mejorar su empleabilidad y a buscar activamente un empleo o poner en marcha una iniciativa empresarial. Por su parte, el servicio público de empleo se encargará de asignar y hacer el seguimiento de dichas acciones. De esta forma, tener un itinerario individual y personalizado de empleo será un derecho para las personas en paro y una obligación para los servicios públicos de empleo.

El incumplimiento injustificado del acuerdo personal de empleo será sancionable y aquellos que perciban prestaciones o subsidios por desempleo podrían acabar perdiendo dicha ayuda.

Las tres fases de los itinerarios personalizados

Los itinerarios personalizados se aplicarán en tres fases. Durante 2011, estarán dirigidos prioritariamente a jóvenes, parados de larga duración mayores de 45 años, desempleados procedentes de la construcción y otros afectados por la crisis que, dentro de estos colectivos, tengan una baja cualificación.

Durante 2012, la prioridad en la realización de los itinerarios se extenderá a las personas con discapacidad y parados de larga duración, con especial atención a mujeres y otros colectivos considerados prioritarios por cada comunidad. A partir de enero de 2013, la intención es ampliar estos itinerarios a toda la población desempleada.

En cada uno de estos momentos, Rodríguez ha resaltado que la movilización de las acciones formativas se pondrán en marcha “desde el primer día”, lo que, ha dicho, no solo depende de la planificación estatal, sino también de las gestión autonómica.

Las personas desempleadas

Pero las personas desempleadas no serán el único foco de atención de los servicios públicos de empleo. Según el texto de la reforma, dentro del catálogo de servicios que prestarán las oficinas públicas de empleo se incluye también la atención a las personas ocupadas y a las empresas.

En conjunto, todos los servicios prestados por las oficinas públicas de empleo se recogerán en un catálogo de servicios. A las personas ocupadas, se les hará un diagnóstico individualizado de sus capacidades y necesidades y se les ofrecerá orientación e información sobre empleo y ofertas de trabajo, entre otras cosas, para poder mejorar su situación laboral.

Por su parte, en lo que se refiere a las empresas, los servicios públicos de empleo podrán difundir sus ofertas de trabajo, preseleccionar y enviar candidatos y colaborar en entrevistas y procesos selectivos de difícil cobertura. También se ofrecerá a las empresas información y asesoramiento sobre el mercado laboral y sobre la puesta en marcha de nuevos negocios.

La reforma contempla además el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo, continuando con los esfuerzos para mejorar sus recursos humanos y técnicos con la idea de acercarlos a los estándares europeos, pero teniendo en cuenta las disponibilidades financieras.

Más margen de maniobra

En virtud de la reforma, el Gobierno tratará de dar mayor margen de maniobra a las comunidades autónomas para diseñar sus propios programas de empleo y adecuar las políticas activas a las peculiaridades de su mercado laboral. Si bien, el decreto incluye la elaboración de una Estrategia Española de Empleo para preservar la unidad de trato a los desempleados.

Además, esta estrategia analizará las tendencias del mercado laboral y marcará las orientaciones y los objetivos a alcanzar en materia de política de empleo para el conjunto del Estado y para cada una de las comunidades autónomas. Dichos objetivos se establecerán anualmente, dentro de un marco plurianual, a través de un plan de política de empleo, en el que se precisarán qué medidas se seguirán para la consecución de los mismos.

Además, la estrategia incluirá indicadores de cumplimiento para controlar la correcta ejecución de sus objetivos y fijará las inversiones a realizar el criterio de distribución entre las comunidades autónomas. En este punto, la secretaria de Estado de Empleo avanzó que las comunidades autónomas tendrán que informar puntualmente “de cuánto gastan y de en qué gastan”, algo que permitirá perfilar con mayor precisión la estrategia nacional y que servirá también para saber “quién es quién”, esto es, valorar la gestión de cada administración.

La justificación por los altos indices de desmpleo

Rodríguez ha señalado que los altos índices de desempleo justifican por si solos la aprobación de la reforma de las políticas activas de empleo por la vía del decreto, pero también la necesidad de que el nuevo marco de estas políticas sea de aplicación ya en 2012. Con todo, ha explicado que, una vez convalidado, será tramitado como proyecto de Ley por la vía de urgencia.

Concretamente, la estrategia española de empleo deberá estar diseñada en el mes de octubre, por lo que el Gobierno prevé sentarse a negociar con las comunidades autónomas desde el mismo día de la convalidación del decreto.

La secretaria de Estado de Empleo ha asegurado que las negociaciones mantenidas con las comunidades autónomas desde el mes de enero, en conferencia sectorial y, por primera vez, con los directores de los servicios públicos de empleo, han sido “más transparentes y participativas que nunca”.

Ahora bien, lamentó que tras la mano echada por los representantes autonómicos del PP durante todo el proceso, el partido presidido por Mariano Rajoy haya extendido una “consigna política” que ha supuesto, días antes de la aprobación del decreto, el fin de la colaboración.

Fondo de Reserva

El decreto incluye la constitución de un Fondo de Reserva de políticas activas de empleo para atender a las necesidades futuras de financiación en la ejecución de las políticas activas de empleo.

El Gobierno considera que el fondo tendrá sentido cuando la situación económica se normalice, ya que se financiará con los remanentes presupuestarios del Servicio Público de Empleo y en el caso de políticas de formación para el empleo, cuando se produzca una recaudación superior a la presupuestada.

Según el Gobierno, “este fondo proporcionará mayor capacidad de respuesta, con más recursos de políticas activas de empleo a situaciones de fuerte incremento del desempleo”.

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Los parados que se beneficien de la nueva ayuda de 400 euros mensuales estarán obligados a “aceptar a colocación adecuada que les sea ofrecida” por los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM). Así reza el texto de la Resolución del 15 de febrero del Servicio Público de Empleo Estatal (ver BOE del 16 de febrero) que desarrolla lo aprobado en el Real Decreto Ley 1/2011 de 11 de febrero de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable.

Una medida que se podría aplicar igualmente a la prestación habitual de paro en la reforma de las política activas de empleo que prepara el Gobierno. En la actualidad, no existe una obligación de estas características en la práctica. El Gobierno lleva meses anunciando que éste es el camino y que hay que “potenciar las políticas activas de empleo”. Sin embargo, en ningún caso se había anunciado que la renuncia a un puesto ofrecido por el INEM llevase aparejada la rescisión de la prestación.

Los requisitos

El artículo 3 de esta Resolución contiene los requisitos que tendrán que tener los parados para poder acceder a esta ayuda. Básicamente, son dos: el primero, haber agotado “su prestación por desempleo desde el 16 de febrero de 2011 hasta el 15 de agosto”; el segundo, no haber recibido “la prestación extraordinaria del programa temporal por desempleo e inserción” (PRODI), la anterior ayuda de 426 euros.

Todo esto ya se sabía. Lo nuevo es que en el artículo cuarto se detallan las obligaciones a las que debe comprometerse el perceptor de la ayuda. Así, en el apartado B se establece que el beneficiario debe:

Participar en un itinerario individualizado y personalizado de inserción, que contemple el diagnóstico sobre su empleabilidad, así como en las acciones de políticas activas y de búsqueda de empleo que les propongan los Servicios Públicos de Empleo y aceptar la colocación adecuada que les sea ofrecida.

Esto es completamente nuevo en el marco laboral vigente. No dice directamente que les quitarán la ayuda a los que rechacen un empleo, pero es evidente que si una de las obligaciones es “aceptar la colocación adecuada” que se les ofrezca, su rechazo supondrá la rescisión de la paga. Lo que ocurre es que esto deja un amplio margen a la interpretación, ya que ¿qué considera el Inem que es una “colocación adecuada”.

Según está redactado el artículo, será decisión de los funcionarios de los servicios públicos de empleo buscar trabajo, cursillos y otro tipo de formación a los solicitantes dentro de los “itinerarios personalizados”. Luego, si aparece un empleo que crean que es adecuado para una persona, se lo podrán ofrecer con la amenaza de quitarles la prestación si lo rechazan.

De hecho, para que no haya dudas, en las últimas páginas de la Resolución publicadas por el BOE se incluye un ejemplo de formulario para solicitar la prestación. Este documento (ver imagen debajo) acaba con una serie de apartados que comienzan con la fórmula “Me comprometo” o “Declaro”, y que el desempleado tendrá que firmar. Entre estas cláusulas de obligado cumplimiento está la frase anteriormente referida: “Aceptar la colocación adecuada”.
El texto aprobado por el Gobierno obliga a los parados a “aceptar la colocación adecuada que les sea ofrecida”.

Las diferencias con la ayuda de 426 euros

Aunque desde que se estableció la anterior ayuda para parados sin prestación ya se comenzó a hablar de los “itinerarios personalizados” o las “políticas activas”, lo cierto es que el artículo 3 del Real Decreto de 13 de agosto de 2009 que instauraba el PRODI (ver BOE de 15 de agosto) establecía que las obligaciones de los trabajadores se circunscribían a “cumplir el compromiso de actividad que suscriban y aquéllas que se deriven del mismo, así como las previstas en el artículo 231.1 de la Ley General de la Seguridad Social”.

Este precepto, en su apartado i, establece que los desempleados tienen la obligación de:

Buscar activamente empleo, participar en acciones de mejora de la ocupabilidad, que se determinen por los servicios públicos de empleo competentes, en su caso, dentro de un itinerario de inserción.

Es decir, básicamente, realizar los cursillos formación marcados por el INEM, pero nada que se parezca a la obligatoriedad de aceptar las ofertas de empleo que ofrezca este organismo público. La cuestión es que el Gobierno está estudiando, igualmente, extender esta obligatoriedad al resto de las prestaciones por desempleo.

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El Consejo de Ministros ha aprobado el Decreto Ley del plan de choque contra el desempleo juvenil y de larga duración, que incluye bonificaciones para la contratación a tiempo parcial y la nueva ayuda de 400 euros que sustituirá a la de 426 euros a partir del 15 de febrero.

El decreto, que se enmarca en el acuerdo social firmado con patronal y sindicatos, entrará en vigor el día después de su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, según fuentes parlamentarias, el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes para que no se tramite como proyecto de Ley y se garantice su inmediata aplicación.

El decreto incluye la nueva ayuda de 400 euros hasta un máximo de seis meses, que estará vinculada a la formación y que contará con una dotación de 400 millones de euros, que correrán a cargo del Estado. En concreto, de esos 400 millones, 200 millones los aportará el Ministerio de Trabajo y los otros 200 millones, el resto de los ministerios, según ha avanzado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El nuevo subsidio de 400 euros beneficiará a unos 80.000 desempleados, muchos menos que los 198.000 beneficiarios del PRODI registrado en el último periodo de la ayuda. Serán beneficiarias de este programa las personas que agoten su protección por desempleo a partir del 16 de febrero de 2011 y no cumplan con los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción.

A diferencia del PRODI, esta nueva ayuda, denominada ‘Programa de recualificación profesional de las personas que hayan agotado su protección por desempleo’, está concebida más como un acompañamiento económico a acciones de formación propias de las políticas activas, que como una prestación.

De este modo, el programa obliga a los beneficiarios a realizar un itinerario personalizado de inserción, que contemple el diagnóstico sobre su empleabilidad y la participación en acciones de recualificación y/o reinserción laboral.

Bonificación a los contratos a tiempo parcial

Por otro lado, el decreto incluye el denominado ‘Programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable’, está enfocado a los jóvenes de hasta 30 años y parados de larga duración.

El Gobierno prevé que aquellas empresas que contraten a tiempo parcial durante el año posterior a la aprobación del programa y no hayan reducido plantilla en los últimos seis meses verán reducidas sus cuotas a la Seguridad Social. Así pues, estas empresas tendrán que mantener o incrementar el empleo una vez se beneficien de la bonificación.

Para ello, la jornada de los contratos deberá ser de entre el 50% y el 75% de la habitual. En el caso de las empresas con plantillas inferiores a los 250 trabajadores, esta reducción de cuotas será del 100%, mientras que para el resto no superará el 75%. Por otro lado, la bonificación será de un año para los contratos indefinidos y de al menos seis meses para los temporales.

Además, durante el año de vigencia del plan, aquellas empresas que conviertan uno de estos contratos a tiempo parcial temporales a indefinidos podrán beneficiarse de las bonificaciones a la conversión contempladas en la reforma laboral.

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Con gran ceremonia y un despliegue digno de las grandes ocasiones (cartelería y logotipos diseñados para la ocasión vistieron el palacio de la Moncloa) sindicatos, patronal y Gobierno estrecharon las manos en ese llamado Acuerdo Social o Pacto Social. Un acuerdo que ha introducido medidas laborales urgentes en el borrador del decreto que se aprobará mañana y donde se especifica el funcionamiento de esa nueva ayuda de 400 euros para los parados que han agotado todas las prestaciones.

Recordemos que el propio Ministerio de Trabajo ha anunciado varias cifras. Primero fueron 400 euros, luego se rebajó dicha cantidad hasta los 350 euros. Finalmente, tras la presión de los sindicatos se dejó de nuevo en 400.

Lo que incluye el borrador del decreto, es que todos aquellos parados que ya hayan percibido el actual subsidio de 426 euros (PRODI), no podrá acceder a la nueva ayuda.

El programa de subsidios para parados sin prestación llamado PRODI (Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción), finaliza el próximo día 16 de febrero, aunque el acuerdo con los agentes sociales contempló su sustitución por una nueva prestación algo inferior.

El borrador recoge además las exigencias de los sindicatos ante el contrato temporal a tiempo parcial que se crea para combatir el paro juvenil, añade RNE. El texto señala que las empresas que se acojan en las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social estarán obligadas a mantener el nivel de empleo, y si no lo hacen, deberán devolver la parte que se han deducido.

Tras el acuerdo alcanzado entre Valeriano Gómez con los grupos, que este viernes el Consejo de Ministros sólo apruebe un decreto ley que regula el conocido como ‘plan de choque’ por el empleo, y que comprende las medidas laborales más urgentes.

El pasado 2 de febrero, la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez señalaba que hasta la fecha se habían beneficiado de la ayuda de 426 euros un total de 824.270 desempleados. De estos parados –todos ellos accedieron a cursos de formación, condición indispensable para recibir el subsidio- sólo un 34% accedió a un puesto de trabajo, según señaló la propia secretaria de Estado de Empleo.

Esto significa que 544.018 parados no lo encontraron y continúan en paro. Pese a que los cálculos no pueden ser exactos, con la información conocida este jueves a través de Radio Nacional de España y de la que se desprende que los parados que agoten el PRODI (los 426 euros para parados sin prestación) no podrán optar al nuevo subsidio puesto en marcha por Trabajo. Así, medio millón de parados seguirán en paro, pero sin recibir prestaciones, subsidios o ayudas.

España cerró 2010 con un total de 1,5 millones de desempleados que no reciben ningún tipo de prestación.

Qué sucederá con los parados sin prestación

El próximo 16 de febrero expira el programa de subsidios para parados sin prestación de 426 euros, conocido como PRODI. Hasta la fecha, aquellos parados que se hubieran quedado sin prestación por desempleo y que continuaran en el paro, podían solicitar este subsidio si cumplían una serie de requisitos, entre ellos, apuntarse a los llamados itinerarios activos de empleo –cursos formativos-.

Termina el PRODI y llegan las nuevas becas de formación remuneradas. Es decir, una ayuda de 400 euros (se dijo que bajarían a 350 euros, pero la presión de los sindicatos colocó el subsidio de nuevo en los 400), para el acceso a los itinerarios activos de empleo. Un nuevo subsidio, dotado con 26 euros menos, al que podrán acceder parados que hayan agotado la prestación por desempleo y cumplan una serie de requisitos. Entre estos requisitos destacan, el estar apuntado a cursos de formación, y la novedad conocida este jueves a través de Radio Nacional de España: que no hayas percibido ya el subsidio de 426 euros, PRODI.

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La información recabada por el regulador apunta que el descuento en la facturación media resultado de aplicar las condiciones de facturación del bono social sobre el precio de las TUR fue en dicho mes de un 8%.

Teniendo en cuenta que un consumidor medio paga al año cerca de 1.287 euros de electricidad, el bono social significa un descuento de unos 102 euros anuales.

En su último “Boletín mensual de indicadores eléctricos y económicos” la CNE constata que en dicho mes de marzo se encontraban acogidos al bono social 3.050.429 consumidores, lo que supone aproximadamente el 11,8% de los consumidores con derecho a acogerse a la TUR.

De ellos, el 85% tenía una potencia contratada en su primera vivienda inferior a 3 kilovatios (kW), el 10% lo constituían pensionistas, el 3% eran familias numerosas y el 0,7%, desempleados.

¿Qué requisitos y cómo solicito el bono social para el pago de la luz?

Aquellos que teneís a todos los miembros de la familia sin trabajo, debéis entregar una solicitud [PDF] y aportar una fotocopia del DNI del titular del punto de suministro de electricidad, fotocopia del libro de familia (sólo en el caso de unidades familiares de dos o más miembros), certificado expedido por el ayuntamiento con la lista de empadronados en el domicilio del punto de suministro, fotocopia de la última factura, una declaración de la veracidad [PDF] de la documentación presentada, haciendo figurar en la misma los componentes de la unidad familiar, autorizando la comprobación de los datos, relativos a su condición de desempleados, en los correspondientes registros públicos y, en su caso, de las Mutualidades de Previsión Social alternativas.

Se considerarán en situación de desempleo aquellos solicitantes y miembros de la unidad familiar que, sin tener la condición de pensionistas, no realicen ninguna actividad laboral por cuenta ajena o propia.

Toda esa documentación debéis presentarla ante la compañía comercializadora mediante correo ordinario, fax, correo electrónico o personándose en las oficinas de la distribuidora (en ese caso no sería la comercializadora).

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Unos 20.000 barceloneses sobreviven con entre 400 y 700 mensuales de la Renta Básica de Inserción, ha afirmado el alcalde accidental de la capital catalana y responsable de Acción Social, Ricard Gomà, lo que no impide que busquen fuentes de ingresos adicionales.

En rueda de prensa de balance social del primer semestre, Gomà ha explicado que han recibido la renta 7.195 unidades familiares, un 19,33% más que el mismo periodo del año pasado, cuando la tenían 6.029. Entre 2007 y este año la subida ha sido del 54,7%.

Lo ha relatado el también segundo teniente de alcalde en el Centro de Servicios Sociales del Raval, barrio con “un índice alto de necesidades sociales”. Este y el centro del Gòtic, también en Ciutat Vella, son dos de la quincena abiertos en agosto –al menos uno por distrito– del total de 36 que funcionan en la ciudad.

Un porcentaje elevado de receptoras de la renta son mujeres solas con hijos a su cargo, que es “el perfil familiar con más riesgo de exclusión social”. También la reciben algunas familias con los dos progenitores en el paro, perfiles que en ocasiones necesitan ayudas para el alquiler o becas para el comedor escolar.

Los barceloneses que son atendidos en los servicios sociales siguen creciendo, y este primer semestre han sido 38.760, un 5,6% más que en los primeros seis meses de 2009, cifras que representan un 30,9% desde 2007. Las mayores demandas son de necesidades básicas como alimentación, vivienda y empleo.

Por los servicios alimentarios han pasado 7.374 personas, un 15,94% más, y este año hay 17.899 perceptores de la ayuda para el alquiler del Estado –5.000 más que en 2009– y 5.232 de la de la Generalitat –un millar más–.

El Consistorio también ayuda a pagar el alquiler con 2,5 millones. En 2009 el Ayuntamiento atendió a 56.000 personas diferentes, una cifra que ya se ha alcanzado este año, ha afirmado Gomà, quien ha recordado que antes de la crisis solían acudir unas 20.000 personas menos en busca de ayuda social.

El único servicio que desde el año pasado disminuye es el de acogida de inmigrantes, que este primer semestre ha ayudado a 18.976, un 10,8% menos. En cambio, aumentan los servicios de mediación, que desde 2007 se han doblado y ya atienden a 2.459 personas.

Sobre las prestaciones de dependencia, 25.979 personas ya tienen un programa de atención, pero aún hay 34.941 con derecho a recibirla que están a la espera. Los hogares con servicios de atención domiciliaria se elevan a 10.538, el doble que en 2007, y también se han doblado los ancianos con teleasistencia, y ya son 45.585. Gomà ha recordado que en la capital catalana viven solos 20.000 ancianos de más de 85 años.

Inversión mantenida en 2011

El Área de Acción Social y Ciudadanía tiene este año un presupuesto de 165 millones, 69 más que en 2007, antes de la crisis. Al preguntársele si en 2011 mantendrán la inversión, Gomà ha garantizado que el plan de austeridad municipal por la crisis supondrá al menos congelarla en esta área.

Según él, “Barcelona planta cara a la crisis sin recortes sociales”, a diferencia del Gobierno central, del que ha criticado la congelación de las pensiones y el recorte de salarios a los funcionarios. Ha recordado que pese al plan municipal austeridad también mantendrán la inversión en educación, convivencia, limpieza, seguridad y políticas de empleo.

Ha añadido que en setiembre y octubre elaborarán los presupuestos de 2011, los últimos de la legislatura, en un año que “no será fácil” en lo social a la vez que “muy difícil” para las arcas locales, por la falta de un nuevo modelo de financiación y la prohibición de endeudarse en 2011.

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Ofertas de Empleo: Trabajo en Francia

Importante Grupo de Clínicas situadas en el sur de Francia, a 30 minutos de la frontera de Irún, selecciona DUEs para el año 2010.

Requisitos:
– Tener nacionalidad europea.
- Título de DUE o un diploma europeo válido según directivas europeas.
- Motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura nueva.

Se Ofrece:
- Contrato indefinido de 35 horas semanales.
- Más de 26.000 € brutos anuales para principiantes.
- Consideración de la antigüedad adquirida según convenio.
- Horarios fijos y adaptados.
- Alojamiento gratuito provisional durante un máximo de 2 meses en las propias clínicas, y ayuda para la búsqueda de alojamiento propio.
- Ayuda al aprendizaje de la lengua francesa para los candidatos que lo precisen.
- Interesantes perspectivas de evolución profesional.
- Interesadas/os contactar por correo-e con YAEL BRUGOS y enviar CV a y.brugos@laborare-conseil.com.

Telf. España 606 077987 – Telf. Francia 00 33 616 259418.

A los candidatos se les facilitarán informaciones complementarias y detalladas sobre los puestos solicitados

http://www.laborare-conseil.com

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Los trabajadores autónomos podrán pedir a partir de noviembre una prestación por desempleo que recibirán durante un máximo de 12 meses y que supone un paso en su equiparación con el resto de empleados por cuenta ajena.

La ley, que establece por primera vez un sistema de protección por cese de actividad para este tipo de trabajadores, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor dentro de tres meses, lo que dará el pistoletazo de salida para el cobro de estas prestaciones públicas.

Los autónomos deberán solicitar a su Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad.

La duración de la prestación estará en función de los períodos de cotización efectuados dentro de los 48 meses anteriores a la situación de cese de actividad de los que, al menos, 12 deben ser continuados e inmediatamente anteriores a la inactividad.

Así, cobrarán la prestación durante el máximo de 12 meses quienes hayan cotizado más de 48 meses, mientras que el plazo se reducirá a 8 meses para quienes tengan un período de cotización de entre 43 y 47 meses.

El período de cobro se irá reduciendo paulatinamente hasta los dos meses para aquellos que hayan cotizado entre 12 y 17 meses, según figura en la ley.

No obstante, se establecen mejoras en los plazos de percepción de la prestación para los trabajadores autónomos que hayan cumplido 60 años, hasta la edad en que puedan causar derecho a la pensión de jubilación.

Le ley publicada contempla inicialmente que los emprendedores cobren una nueva prestación no contributiva de 425 euros durante un máximo de seis meses siempre que hayan cesado en su actividad profesional a partir del 1 de enero de 2009 y que no reciban ninguna otra ayuda pública.

No obstante, el PSOE ya ha iniciado los trámites para eliminar esa posibilidad a través de una enmienda en la reforma laboral, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados y que está pendiente de debatirse en el Senado.

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Explica el doctor que las consecuencias más frecuentes de bañarse en agua fría son los calambres, pero que, por lo demás, no existe ningún tipo de riesgo a no ser que se vaya a realizar «un esfuerzo físico fuerte durante un tiempo prolongado». Solo en este supuesto sería recomendable esperar alrededor de dos horas para meterse en el mar. «De lo contrario pueden llegar a producirse vómitos y náuseas, pero lo mismo nadando en el mar que realizando cualquier otra actividad física en esas circunstancias», aclara.

De este modo, los chapuzones nada más terminar el postre no están, ni mucho menos, prohibidos. «No hay absolutamente ningún problema en que si unos padres llevan a los niños a la playa justo después de la comida, se den un baño en la orilla durante un rato. Es una creencia que no se corresponde con la realidad», zanja García Mayor.

Por lo demás, el verano sí influye de forma considerable en la alimentación. «Durante esta época se produce una variación de las necesidades alimenticias en el sentido de que disminuyen las calóricas y aumentan las de líquidos, todo como consecuencia de las altas temperaturas», dice el endocrino.

Por este motivo, apunta a que se debe optar por comidas ligeras, aunque sin obsesionarse, para lo cual apela principalmente al «sentido común». «Todo es relativo. Lo que hay que hacer es no comer alimentos pesados con demasiada frecuencia, no convertirlo en hábitos durante el verano, pero en días puntuales no pasa nada», aconseja.

García Mayor dice que, contra lo que se pueda pensar, el hecho de que la gente esté de vacaciones «apenas influye» en la menor necesidad de calorías «porque, desgraciadamente, la población española es mayoritariamente sedentaria todo el año». En cualquier caso, recomienda mantener las cinco comidas, aunque destaca que lo importante es mantener un esquema fijo aunque los horarios varíen en cierta medida. «Lo mínimo es desayuno, comida y cena, nunca menos. De eliminar algunas deben ser la de media mañana y la merienda de la tarde, aunque es preferible no hacerlo tampoco», concluye.

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