Los parados españoles tendrán que hacer lo que les manden los Servicios Públicos de Empleo (SPEE – antiguo Inem) si no quieren perder su prestación. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Decreto Ley de reforma de las políticas activas de empleo, que supone un cambio radical en la normativa vigente hasta ahora para los desempleados y que podría resumirse en que la prestación por desempleo deja de ser un derecho que adquiere cada trabajador por haber cotizado y se convierte en una paga asociada al cumplimiento de una serie de obligaciones.
Desde ahora, los SPEE diseñarán un “itinerario individualizado” para cada parado y vigilarán que éste lo cumpla. Aquéllos que se salgan del camino marcado por el Ministerio de Trabajo (a través de las consejerías de Empleo de las CCAA, que son las que aplicarán la medida) perderán su subsidio y dejarán de ser considerados como parados.
Desde el Gobierno se defiende que no se endurecen las sanciones. Pero lo que no dicen es que se suben extraordinariamente las obligaciones para los parados. Es decir, la sanción es la misma, pero las razones por las que se pueden aplicar son mucho más variadas y difíciles de cumplir que antes (según adelanta en su edición de este viernes El Economista, y confirma el comunicado presentado por Valeriano Gómez, aunque quede por conocer el texto completo de la reforma que publicará el BOE).
Hasta ahora, eran poco habituales los casos de parados que perdían su prestación por incumplimientos con los SPEE; a partir de este decreto, será mucho más común que esto ocurra. Por lo tanto, en la práctica, la prestación por desempleo deja de ser un derecho, que se adquiere pagando una cotización obligatoria cada mes y se cobra cuando se pierde el empleo, para convertirse casi en una paga de Trabajo que está sujeta a numerosas obligaciones de las que depende su abono.
Ya hay vigentes las siguientes sanciones por no seguir las indicaciones de los SPEE, pero lo que cambia es el significado de las expresiones “políticas activas de empleo” o “programas de empleo” (ver cuadro con las disposiciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social):
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La reforma, que estaba incluida en el acuerdo económico y social firmado entre patronal, sindicatos y Gobierno el pasado 2 de febrero y que complementa el plan de choque aprobado la pasada semana, persigue mejorar la empleabilidad, dar mejor respuesta a las necesidades de personal de las empresas y fortalecer los servicios públicos de empleo (el antiguo Inem).
El Consejo de Ministros ha aprobado el Decreto Ley del plan de choque contra el desempleo juvenil y de larga duración, que incluye bonificaciones para la contratación a tiempo parcial y la nueva ayuda de 400 euros que sustituirá a la de 426 euros a partir del 15 de febrero.
Con gran ceremonia y un despliegue digno de las grandes ocasiones (cartelería y logotipos diseñados para la ocasión vistieron el palacio de la Moncloa) sindicatos, patronal y Gobierno estrecharon las manos en ese llamado Acuerdo Social o Pacto Social. Un acuerdo que ha introducido medidas laborales urgentes en el borrador del decreto que se aprobará mañana y donde se especifica el funcionamiento de esa nueva ayuda de 400 euros para los parados que han agotado todas las prestaciones.